La república Bolivariana de Venezuela reiteró este martes su rechazo
al injerencismo que mostró el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile a través de un comunicado sobre el caso de Braulio Jatar Alonso.
Venezuela ratificó el contenido del comunicado que emitió este lunes y
rechazó "categóricamente el doble estándar en materia de Derechos
Humanos de la Cancillería chilena, que hace uso político del caso de un ciudadano venezolano
que durante la Cuarta República cumplió condena en prisión por
escandalosos casos de corrupción y extorsión, que conmocionaron a la
opinión pública nacional".Braulio Jatar Alonso se encuentra procesado en la actualidad por su responsabilidad en delitos de extorsión, fraude, legitimación de capitales y contra el orden constitucional y democrático en Venezuela.
El texto afirma que el ciudadano "está siendo juzgado con estricto apego a las normas constitucionales que amparan al debido proceso en uno de los sistemas más garantistas del continente, como lo es, el sistema constitucional venezolano".
"La eventual ostentación de otra nacionalidad no viene al caso y menos puede constituirse en credencial de impunidad de ninguna naturaleza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no puede torcer la doctrina en materia de derechos humanos, para injerirse en asuntos de la jurisdicción exclusiva de Venezuela", refiere la misiva.
A continuación el texto íntegro:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES EXTERIORES
COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela ratifica el contenido de su comunicado en la mañana del día de hoy, y rechaza categóricamente el doble estándar en materia de Derechos Humanos de la Cancillería chilena, que hace uso político del caso de un ciudadano venezolano que durante la Cuarta República cumplió condena en prisión por escándalosos casos de corrupción y extorsión, que conmocionaron a la opinión pública nacional.
El Ciudadano Braulio Jatar, venezolano, quien además tiene su domicilio en Venezuela, se le sigue causa penal por presuntos delitos graves contra el patrimonio público y el orden constitucional cometidos en territorio venezolano, bajo su exclusiva jurisdicción, está siendo juzgado con estricto apego a las normas constitucionales que amparan al debido proceso en uno de los sistemas más garantistas del continente, como lo es, el sistema constitucional venezolano.
La eventual ostentación de otra nacionalidad no viene al caso y menos puede constituirse en credencial de impunidad de ninguna naturaleza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no puede torcer la doctrina en materia de derechos humanos, para injerirse en asuntos de la jurisdicción exclusiva de Venezuela.
Llama poderosamente la atención la acostumbrada promoción del Canciller Múñoz a favor de ciudadanos vinculados a la derecha venezolana, incursos en graves delitos contra el orden constitucional y legal de Venezuela. Triste papel en la defensa de la corrupción y la violencia allende sus fronteras, en un esmerado esfuerzo infructuoso por lavarles la cara.
El Canciller chileno guarda silencio deliberadamente sobre las verdaderas violaciones de los derechos fundamentales de pueblos enteros, que su concepción parcializada y de doble estándar no le permite ver en razón de sus intereses políticos e ideológicos alineados con los centros imperiales, mientras infundadamente agrede a los gobiernos de países cuyas democracias son garantes de los derechos humanos.
La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Constitucional de Derecho, Justicia y Paz, cuya soberanía no permite tutelaje de ningún gobierno del mundo, y mucho menos de un funcionario que sistemáticamente ataca los procesos de unidad e integración de la Patria Grande, y que calla frente a golpes de Estado, para gozar de los favores y guiños de potencias extranjeras.
Caracas, 12 de septiembre de 2016
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