Maylin Coromoto Silva Carreño
Credito: Latabla.com
"Pido perdón", dijo Maylin Coromoto Silva Carreño, de 64 años, entre sollozos después de que el juez Darrin Gayles dictara la sentencia en su sala del tribunal en el downtown de Miami. "Pero yo no me perdono a mi misma", dice la reseña publicada por el diario Miami Herald.
La sentencia fue fijada un año después de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) cuando trató de huir a Caracas en el 2015, pese a que se proclamaba perseguida del gobierno venezolano.
Un jurado de instrucción en Miami el año pasado encausó a Silva por cargos de fraude migratorio luego de una investigación por agentes federales que determinó que por casi 10 años ella asistió a venezolanos indocumentados a obtener papeles migratorios a cambio de pagos que le redituaron por lo menos $150,000 al año, según dijo su abogado en la corte el miércoles.
Silva era una reconocida militante de las causas antichavistas y aprovechó ese rol entre los venezolanos que habían venido al país como inmigrantes o como refugiados supuestamente huyendo de Chávez o Maduro, y buscando asilo en los Estados Unidos.
Fue este involucramiento con venezolanos inmigrantes y refugiados que metieron a Silva, de 64 años, en aprietos legales, agregó el diario.
La activista antichavista, fue gerente de propiedad intelectual de las empresas 1BC (propietario del canal RCTV) y se desempeñó como adjunta a la presidencia del estatal canal Venezolana de Televisión, cuando ese cargo lo ocupó Alberto Federico Ravell, un destacado empresario de medios opositor al gobierno bolivariano.
Así lo señala ella misma en un perfil personal y profesional publicado en un sitio web denominado www.porsitequieresir.com, donde promueve la migración de venezolanos a los Estados Unidos.
En esa página, elaborada con escaso cuidado, señala que es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, regentada por la Compañía de Jesús), y en ese mismo centro de estudios se desempeñó como profesora en una cátedra de propiedad intelectual.
Destaca su actividad muy estrecha con las empresas del grupo fundado por el importador estadounidense William H. Phelps, y dirigido en su última etapa por Marcel Granier. En esas empresas actuó, además, como asesora legal de Radio Caracas Television, Coraven, Sonografica, Radio Caracas Radio y FonoTalento.
Asimismo fue asesora de la Gerencia General de Coraven (Presidida por Juan Lamata), de la Vice-Presidencia de Medios (Presidida por Felix Cardona Moreno) y representante de RCTV en la Comision Supervisora de la Reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Además era articulista de "El Diario de Caracas", representante ante la Cámara de la Radio y miembro del Comite Asesor para la Reforma del Reglamento de Radiodifusion.
El caso federal contra Silva comenzó el 15 de septiembre de 2015 cuando un gran jurado la acusó, entre otras cosas, de "conspirar para alentar e inducir a extranjeros a entrar y residir en los Estados Unidos", en violación de los requisitos de la ley de inmigración.
Según la acusación, a partir de julio de 2005 hasta diciembre de 2014, Silva preparaba solicitudes de inmigración fraudulentas que permitieron a extranjeros indocumentados residir y trabajar en Estados Unidos. Las solicitudes en cuestión involucraban peticiones para que extranjeros pudieran viajar a EEUU para hacer trabajos temporales, y peticiones para convertirse en residentes permanentes.
Aunque Silva vive en el sur de Florida, los agentes federales la ubicaron en Nueva York en octubre, de acuerdo con la denuncia penal presentada por un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
Activistas del exilio venezolano dijeron que hace varios años Silva se mudó a Nueva York debido a quejas de venezolanos que la acusaban de no haberles ayudado a obtener documentos.
Después de su arresto en Nueva York, Silva obtuvo una fianza y permiso para viajar a Miami para esperar su juicio en relación con el caso de inmigración, según documentos judiciales.
El 29 de octubre, Silva fue liberada bajo fianza después que las autoridades le colocaron un brazalete electrónico de supervisión en uno de sus tobillos. El pasado domingo, Silva viajó a Miami para presentarse ante los funcionarios de libertad condicional al día siguiente, a la espera del juicio en el caso de inmigración.
Pero en lugar hacer esto, Silva fue directamente al mostrador de American Airlines en MIA y compró un boleto a Caracas en el vuelo 967 programado para partir el lunes a las 9:44 a.m., según la denuncia penal.
Alguien avisó a las autoridades y menos de una hora antes de que pudiera abordar el vuelo, los agentes la detuvieron en la sala de espera después de que cruzó el control de seguridad. Tras la detención, los agentes le encontraron un pasaporte venezolano y cerca de $11,000 en efectivo, según la denuncia.
Silva dijo a los investigadores que se había quitado el dispositivo de control electrónico y que lo había tirado en una maceta de flores a la entrada del motel Red Roof Inn en LeJeune Road cerca del MIA donde se quedó la noche después de arribar de Nueva York, de acuerdo con la denuncia penal.
El encausamiento original por fraude migratorio mencionaba una pena máxima de 10 años en prisión si era encontrada culpable en juicio. Por el intento de fuga, o desacato a la corte, Silva encaraba una pena máxima de por vida si un jurado en un juicio la hallaba responsable.
Marc David Seitles, el abogado de Silva, trató de persuadir al juez Gayles a que condenara a su cliente a no más de dos años prisión — en lugar de los tres años y un mes que había recomendado la fiscal Daya Nathan.
Seitles le dijo al juez que las acusaciones contra su cliente era correctas, pero que ella también había ayudado a muchos otros inmigrantes a los que nunca les cobró por servicios. También dijo Seitles que Silva, que estaba sentada en una silla de ruedas, sufría de muchas dolencias y enfermedades como diabetes, problemas vasculares y del corazón así como problemas mentales. Explicó que su intento de fuga, derivó de una decisión "demente" de no encarar la justicia.
El juez no pareció muy convencido, pero dijo que para ser más equitativo entre la defensa y la fiscal había decidido imponer la condena de 30 meses contra Silva. Gayles dijo que la condena estaba divida en 24 meses por el fraude migratorio y seis meses por el "desacato a la corte" que incluye el intento de fuga".
Gayles también le agregó a la condena un requerimiento de que Silva pase tres años en libertad supervisada, aunque el juez determinó también que la mujer debe cooperar con las autoridades de inmigración si éstas deciden ponerla en proceso de deportación al terminar su condena de prisión.
Seitles dijo que Silva no quiere ser deportada a Venezuela porque se opone al gobierno de ese país.
El abogado dijo a el Nuevo Herald que "aunque que la señora Silva cometió un delito contra Estados Unidos, lo hizo mientras ayudaba a venezolanos a escapar de un régimen opresivo y tiránico" y enfatizó "que eso no se olvide".
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