Por Jorge Valero*
El espectáculo que presenciamos en la
OEA, el pasado lunes 3 de abril, mostró cómo competían entre sí algunos gobiernos
de nuestro Continente, para ver cuál se congraciaba más con la Potencia
Imperial del Norte.
Organizaron
una reunión del Consejo Permanente de la OEA dando claras muestras de que no
respetan las normas básicas que rigen el funcionamiento de este organismo.
Destituyeron
al Presidente y al Vice-Presidente de ese Consejo, embajadores Diego Pary, de
Bolivia, y Juan-Victor Harnel, de Haití, y nombraron a un presidente de facto.
Demostraron
que en su obsesivo afán por intervenir en los asuntos internos de Venezuela pueden
incurrir, incluso, en ilícitos legales.
Esa
reunión, en consecuencia, constituyó una grave alteración de la
institucionalidad de la OEA.
La
Resolución que dicen haber aprobado es ilegal, ilegítima y representa una grave
vulneración de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos,
consagrados, tanto en la Carta de la OEA, como en la Carta de la ONU.
Por
lo demás, es írrita, inefectiva, inaplicable e inejecutable. Sus proponentes
anunciaron que adelantarán “(…) gestiones diplomáticas adicionales para
fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”.
Las
gestiones diplomáticas son inherentes al derecho internacional, pues coadyuvan
a superar litigios; bien entre Estados, bien al interior de ellos. En consecuencia,
son realizadas por instituciones y entes que actúan de buena fe, y cuyas actuaciones
merecen la confianza de todos. Éstas no se pueden ejercer de manera impositiva,
y sin el consentimiento del Estado concernido.
La
Resolución de marras no está animada por buenas intenciones, ya que algunos de
sus promotores buscan el derrocamiento del gobierno constitucional del
Presidente Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, se cuidan con el uso de las
palabras. Y algunos disimulan lo que buscan en realidad: acabar con el gobierno
bolivariano, ejemplo de dignidad en el mundo.
Por
eso recurren a eufemismos como “procesos de transición”, “restauración
democrática” y “retorno al orden democrático”.
Los
venezolanos y venezolanas disfrutamos de una robusta democracia; con un
presidente que cuenta con un amplísimo respaldo popular. En cambio, algunos
gobiernos intervencionistas que han pretendido horadar los fueros patrios se
caracterizan por aplicar políticas antipopulares y pro-imperialistas, razón por
la cual son rechazados por la inmensa mayoría de sus pueblos.
Entre
los gobiernos apoyantes de tan infame Resolución hay algunos que no tienen
ninguna autoridad moral ni política para cuestionar la democracia participativa
y protagónica que existe en Venezuela.
Hay
gobiernos nacidos de golpes parlamentarios; que implementan políticas
antipopulares y aplican con cinismo criminal las recetas neoliberales. Hay
también presidentes que están en proceso de enjuiciamiento en sus respectivos
países por corrupción y malversación de bienes nacionales; por contrabando, tráficos
de drogas, y otros ilícitos.
En
algunos de estos países se han cometido y se cometen crímenes de lesa humanidad
y se violan de manera sistemática y
descarada los derechos humanos; se aplican las políticas de desapariciones, la
tortura y bárbaros crímenes políticos.
Estos
gobernantes nulifican las conquistas sociales, angostan la justicia social, violan
la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y también la Carta
Social de las Américas.
Los
que han pretendido activar la Carta Democrática Interamericana contra
Venezuela, no promueven “buenos oficios”, sino oprobiosos oficios plagados de
malas y perversas intenciones.
Debemos
denunciar que algunos gobiernos que auspiciaron tan nefasta Resolución están
sincronizados con la oposición golpista
y violenta en Venezuela. Repiten y corean sus consignas y se hacen eco de sus mentiras
y predicamentos antidemocráticos.
Algunos
gobiernos que promovieron tal Resolución están sincronizados con el inefable Luis Almagro. Éstos se han
sumado -y ahora descaradamente y sin escrúpulos-, a los planes que procuran
quebrantar la institucionalidad democrática en Venezuela.
Tan
pronto se conoció el texto intervencionista, los sectores más extremistas de la
oposición en Venezuela activaron iniciativas callejeras en busca de un
derramamiento de sangre que tuviera impacto mediático internacional, lo cual
demuestra la articulación que existe entre estos factores y sus operadores
políticos en la OEA.
Los
malos oficios que han activado quienes suscribieron la ilegal Resolución están
destinados al fracaso, al más rotundo fracaso, porque Venezuela es un país
digno y soberano, que no permite ni permitirá que factores e intereses foráneos
se inmiscuyan en sus asuntos internos. No tienen permiso; están desautorizados.
No son ni serán bienvenidos en la Patria de Bolívar.
Las
diferencias deben procesarse a través de medios pacíficos. Y el diálogo -se ha
comprobado históricamente-, es el más
eficiente de ellos. Por eso el Presidente Nicolás Maduro ha invitado, de manera
tan reiterada a la oposición para que se siente -por fin-, en la mesa de
diálogo. Pero este llamado ha sido recurrentemente desoído.
La
intervención extranjera que fomentan ciertos gobiernos en la OEA; sin duda, una
minoría, ha sido derrotada. Sus planes, sin embargo, no han sido archivados. Las
amenazas y agresiones contra nuestra soberanía y autodeterminación están en
pleno desarrollo.
Por
eso llamamos a nuestro pueblo a mantener en alto, y con pasión bolivariana, la
bandera tricolor y los emblemas sagrados de nuestra nación independiente, libre
y soberana.
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