El Poder Judicial debate actualmente sobre un avión que está bajo custodia del Ministerio Público tras haber sido incautado porque presuntamente es un bien adquirido con dineros no muy santos. Desde hace tres años es el avión de uso particular de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, según fuentes del propio Ministerio Público. La aeronave marca King Air 300, Bech Aicraft, se encuentra bajo la figura de “administración especial” de Ortega Díaz desde el 7 de Mayo de 2014. De hecho hay un acta firmada entre la titular del Ministerio Público y Gyoris Sthephan Guzmán Valdéz, el entonces director de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Guzmán Valdez realizó el convenio por instrucciones de su jefe, el ministro Miguel Rodríguez Torres.
Dicho documento señala que el Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Valles del Tuy ordenó el 9 de abril de 2014 la incautación de la aeronave debido a una investigación abierta por el Ministerio Público. La última cláusula del convenio suscrito entre la Fiscalía y el órgano gubernamental, señala que “cuando así lo requiera, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada o cuando el órgano jurisdiccional le ordene la devolución del bien, esta podrá en cualquier momento y sin previa notificación dar por terminada la administración especial conferida…”.
Precisamente el 24 de noviembre de 2015, el Tribunal 1° de Juicio de Miranda, extensión Valles del Tuy, acordó dejar sin efecto (levantar) la medida de medida de aseguramiento del avión King Air 300 y que se procediera a suspender las operaciones aéreas a nivel nacional de la mencionada aeronave hasta tanto se materialice su devolución efectiva a su “real propietario”, según se lee en el expediente MP21-P-2013-015903. Tal decisión le fue informada al Ministerio Público el mismo 24 de noviembre de 2015, según oficio N° 1746/2015.
Pero como el Ministerio Público desacató lo ordenado por el Tribunal, el juez Jesús Eduardo Rodríguez, remitió otros dos oficios a la Fiscalía (el 836/2016 y el 1659/2016) recordándole que debía entregar el avión para posteriormente retornárselo a su dueño, esto es, la Sociedad Mercantil Delta Sierra 2012, C.A.
Agotadas las gestiones por parte del Tribunal 1° de Control de Miranda, le tocó diligenciar a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, ente que le cedió el avión al Ministerio Público. Y para recuperarlo y entregarlo a sus dueños, el jefe de la citada Oficina, Randy Rodríguez Espinoza, le envió un oficio a Roberto Acosta Garrido, director general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público en donde le pregunta si su despacho se opone a la devolución del avión y en tal sentido “se sirva informar si interpuso recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el Tribunal 1° de Juicio”. La comunicación está fechada del 21 de marzo 2017 e identificada con el N° 0225. La recibieron en la Fiscalía a las 2 pm, según se observa en el sello húmedo.
Mudos. El oficio no fue respondido por el Ministerio Público. Y a los dos meses, concretamente el 19 de mayo de 2017, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada realizó la entrega formal de la aeronave al abogado David Guiñan García, en su carácter de apoderado de la Sociedad Mercantil Inversiones Delta Sierra 2012, C.A. El acta de devolución quedó identificada como SEB-DCJ-011-17. Pero ese mismo 19 de mayo, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada recibió el oficio N° DCD-17-0560 por parte de la directora Contra Drogas del Ministerio Público, Marisela de Abreu Rodríguez, en el cual informa que la Fiscalía “ejerció acto de amparo contra la decisión proferida por la Corte de Apelaciones de Miranda en la cual se acordó la devolución de la aeronave”. También informó Abreu de Rodríguez que “se procedió a la imputación de los solicitantes del bien por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales”.
Ratificar la devolución del avión a sus dueños tal como lo ordenó la Corte de Apelaciones de Miranda o dejarlo en manos del Ministerio Público es lo que debe decidir la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según explicó uno de sus integrantes. Una decisión que presagia a todas luces un nuevo capítulo en la pugna que inicio Luisa Ortega Díaz el pasado 31 de marzo 2017 contra la Sala Constitucional a quien acusó de haber sido factor fundamental “en la ruptura del hilo constitucional” y de traer inseguridad jurídica al país, según sus palabras.
Lo cierto es que la Sala ya tiene el expediente en sus manos, una de cuyas piezas es la “caja negra” donde guardan las rutas recorridas por el mundo que ha dado en tres años la aeronave. Revelar la identidad de los “encolados”, traería un nuevo “impasse” entre la Fiscal General y la Sala Constitucional.
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