Por Carlos M. Rodríguez C.
Pareciera
que la inteligencia de los que se asumen como dirigentes del pueblo, como
“defensores” de los derechos de los ciudadanos, del Estado de Derecho, de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por decisión popular en el
año 1999, quienes supuestamente fueron en un entonces “luchadores”,
“combatientes revolucionarios”, que ocuparon cargos durante el gobierno del
Cte. Chávez, incluso durante los inicios del gobierno del Pte. Maduro, hoy
padezcan de una fuerte psicosis y deterioro de sus funciones mentales, una
grave amnesia política que rayana en un Alzheimer galopante e incurable, además
por supuesto de algunas otras anomalías de tipo moral que traslucen en sus
argumentaciones, indicios y posturas.
Aclaro,
ignorar los graves vicios que hoy existen dentro de las instancias
gubernamentales, la falta de toma de decisiones acertadas, la corrupción
incontrolable, la ineficiencia e ineficacia en la gestión pública sería tan
erróneo que causaría más daño al proceso
revolucionario del que está padeciendo. La crítica, el control público, la
supervisión de las ejecutorias de los recursos del estado y del pueblo son
atribuciones consagradas en la CRBV y es función de los revolucionarios
ejercerlas.
Disentir
de las decisiones que el Presidente, Gobernador, Alcalde u otro miembro del
Poder Ejecutivo o de las opiniones de algún representante o institución del
Poder Judicial, Moral o Electoral e informar y discutir públicamente, pero
elegantemente y racionalmente es igualmente un derecho que está también
expresado en dicha Carta Magna así como
los mecanismos para evaluar y corregir cualquier error en su aplicación.
Pero,
hacer afirmaciones como “muchos de los otrora luchadores revolucionario”
escriben o dicen por los medios de información en las cuales se ponen al lado
de la “derecha” o tanto internacional como nacional es otra cosa, y muy
diferente por cierto.
Enumerar
o describirlos es tan largo que resultaría una verdadera letanía que no tiene
sentido. Muchos por lo aberrante de sus argumentos, otros por lo falaz de sus tesis, otros por lo poco
interesante de su testimonio.
En
este caso me referiré a las afirmaciones de la Fiscal Luisa Ortega Díaz en una
entrevista con el periodista “opositor” Nelson Bocaranda, en la cual, entre
otras perlas expresa: “"Está
desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de terror”.
Pregunto
¿Será que la Fiscalía General de la República, a juicio de la Dra. Díaz no forma parte del Estado? ¿Qué será para la
Fiscal un estado de terror?, igualmente
increpo ¿Qué será para ella terror de Estado?
Me
extraña que una persona que ocupe un cargo de tal naturaleza desconozca la
diferencia entre el terror de Estado y el estado de terror, máxime que su
profesión como abogado le exige un léxico claro, diáfano, concreto y claro y
sobre todo su “historia” como luchadora política contra la IV República.
El
terrorismo de Estado consiste en la “utilización de métodos ilegítimos por
parte de un gobierno orientado a inducir miedo o terror en la población civil
para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían
por sí mismos. Dichas actuaciones se justificarían por razón de Estado”. La
experiencia más evidente de terrorismo de Estado en Venezuela fue la usada
durante todos los gobiernos de la Democracia Representativa, desde el Br.
Rómulo Betancourt, pasando por Leoni, Caldera, Lusinchi, Luis Herrera, Carlos
Andrés Pérez en sus dos gobiernos y a los que supuestamente a algunos hizo
oposición.
¿Es
que la Dra. olvida los muertos durante los gobiernos en referencia, los
allanamientos, los desaparecidos, los torturados, los fusilados, los
perseguidos, los allanamientos, la suspensión permanente de las garantías
constitucionales, los exilados que dejó 11.043 víctimas según sus propias
palabras en declaraciones hechas en el programa “José Vicente Hoy” en Televen
el día 26 de junio de 2016? , Se trata de "víctimas de terrorismo de
Estado, porque era una política de Estado sostenida, sistemática, planificada;
todo un plan para atacar la disidencia política", señaló Ortega.
Por
terror podemos definir como la máxima
expresión del miedo. Sentimos miedo cuando algo nos asusta o cuando hay un
peligro inminente a nuestro alrededor. Si el miedo aumenta se puede convertir
en terror. También se emplea un sinónimo: pánico. Y el estado de terror es
aquella situación o clima social en la cual el sujeto o comunidad vive en una
situación momentánea o permanente de
miedo, pánico.
Estado
de terror es el que está imponiendo la derecha fascista, el imperio
norteamericano y sus acólitos, la oposición terrorista a través de los medios
de información y redes sociales, las guarimbas, los linchamientos, el ataque a
las instituciones públicas, la quema de trasporte público, automóviles,
guarderías, clínicas, trasporte de alimentos, saqueos, asesinato de personas,
sicariato, sabotaje a las instituciones de servicio de emergencia, agresiones a ciudadanos, quema
de estaciones del Metro y un sinfín de acciones similares.
Pero
estado de terror también podemos denominar a la “sensación de indefensión,
inseguridad, debilidad y vulnerabilidad” de las víctimas de las acciones de
terror, que afectan a niños, ancianos, al pueblo trabajador, estudiantes,
obreros, empleados, a la población
que se siente desamparada y desprotegido por la desidia, inacción, complicidad
de los organismos del Estado encargados de su defensa, protección y amparo como
lo son la Fiscalía General de la República y los cuerpos de seguridad
ciudadana, a los alcaldes y gobernadores que participan directa e
indirectamente en estos actos de sistemáticos ataques contra la nación
venezolana, en su abyección por tumbar al gobierno legítimamente elegido por el
pueblo, en elecciones libres y trasparentes el domingo 14 de abril de 2013 y
con ello revertir el proceso revolucionario bolivariano iniciado por el
Comandante Hugo Chávez.
La
Dra. Ortega viene ejecutando una política soterrada desde hace varios años “echándole
tierra” a actos de corrupción, tanto de funcionarios del gobierno como de los dirigentes
de la oposición; a debilitar el Estado de Derecho al colocar en puestos claves de la Fiscalía a militantes
de los partidos de la derecha con el fin de boicotear denuncias contra acciones
delictivas de funcionarios o militantes de la oposición y persiguiendo a
ciudadanos que son víctimas de tales desmanes erosionando de esta manera la
función de la institución; viene
igualmente presionando, despidiendo a funcionarios y fiscales que se oponen su
práctica oprobiosa de “hacerse la vista gorda” ante delitos comprobados de
asesinatos, agresiones a ciudadanos, destrucción de instituciones públicas tales
como los ocurridos durante las guarimbas de febrero del 2014 y los que ocurren
en la actualidad.
La
actuación de la Fiscal, con su “falsa” modestia y su discurso “falaz” ha
incentivado los actos violentos de la derecha y con ello la muerte de
ciudadanos venezolanos (inocentes o culpables), incendio a instituciones,
agresión a personas, destrucción de zonas urbanas. Su accionar ha incrementado
el miedo en la población venezolana creando un estado de pánico, de
terror, en especial a los niños.
Cómo
buena abogada, la Fiscal sabe que hay varias formas de delinquir, que se es
delincuente por acción material, pero que también se delinque por complicidad,
colaboración con el hecho, encubrir, mentir. La Fiscal no sólo es culpable por omisión,
también es culpable por colaboración, complicidad de las muertes, agresiones,
destrucción del patrimonio público, traición a la patria.
Hacia
la victoria siempre. Venceremos
carrodas@gmail.com
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