Por Iván Oliver Rugeles:
Una crítica demasiado necesaria
El TSJ es nuestro máximo Tribunal de Justicia, sus decisiones son -por tanto-, inapelables, así lo entendemos y nos subordinamos a sus fallos más allá de que pudiéramos estar en desacuerdo con algunos de ellos, como ocurre con el que dictó a favor del político Manuel Rosales el pasado día 30 de octubre, suspendiéndole su inhabilitación, en razón de un fallo de trámite, para el ejercicio de cargos públicos por siete (7) años y seis (6) meses, medida sancionatoria esa que le había impuesto la Contraloría General de la República con fecha de junio de 2015, por cuanto, como lo señala la respectiva Resolución, lo encontró responsable de haber incurrido “en varios hechos que, acuerdo con lo establecido en la Ley contra la Corrupción, son considerados como delitos.”
La indicada Resolución agregaba -además- que, “Rosales incumplió reiteradamente la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como mandatario regional (2004-2008) y al ingreso y cese de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo, en 2008.”
No somos jurisconsultos para interpretar desde esa óptica esta decisión del TSJ en beneficio del Señor Rosales, sólo ciudadanos del común que, confesamos, nos cuesta muchísimo trabajo poder entender que un simple error de trámite abra, sin más, la espita para que haya sido posible liberar de todo tipo de sanciones a quien ha cometido delitos de corrupción, demostrados y tipificados como tales por la Contraloría General, con fundamento en la Ley Contra la Corrupción y, obviamente, luego de la exhaustiva investigación que llevaron adelante sus organismos competentes.
De manera que ante este hecho que lo apreciamos como un terrible despropósito "legal", se hace necesario que nuestra Asamblea Nacional Constituyente se aboque, dentro de los amplio debates que, entendemos, se están dado a esta fecha en la Comisión respectiva con relación al tema de la corrupción, a revisar esos resquicios que al parecer tienen nuestros códigos y leyes administrativas y penales que hacen posible que un ladronzuelo de los dineros de todos los venezolanos, se salga con las suyas, para eliminarlos porque en tanto allí permanezcan, muy cuesta arriba resultará llevar adelante una eficaz lucha contra la corrupción…
¡Qué lamentable…!!!
rioliverr@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario