Iroel Sánchez
Cuando el primero de mayo de este año el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente como salida a un escenario de violencia política que algunos analistas calificaron de guerra civil, pocos creyeron que siete meses después el chavismo estaría celebrando tres victorias electorales al hilo.
Lo cierto es que desde ese entonces los bolivarianos alcanzaron el gobierno de 19 de los 23 estados, incluyendo los emblemáticos Lara y Miranda -donde hacía rato el chavismo no gobernaba- y tomaron el control de 92% de los municipios, además de eliminar la violencia opositora y retomar por medio de la Constituyente la iniciativa política que habían perdido tras la derrota en las parlamentarias de diciembre de 2015.
Eso, en medio de una situación que le ha llevado a perder tres importantes aliados en el continente (Argentina, Brasil y Ecuador) y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha radicalizado la agresión política y económica ya desatada por su antecesor Barack Obama que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional estadounidense.
Aunque la situación económica es muy desfavorable aún para el Gobierno Bolivariano, el precio del petróleo se ha recuperado moderadamente, en buena medida por las acciones impulsadas por Maduro en la OPEP y los CLAP que han sido exitosos en el enfrentamiento al desabastecimiento provocado; no ha cesado la persecución financiera y la inflación inducida desde el exterior.
Por otra parte, las recientes acciones de reorganización y ataque a la corrupción dentro de la estratégica megaempresa PDVSA, así como la sustitución de la ex fiscal general Luisa Ortega pueden colocar al liderazgo revolucionario de Maduro en condiciones de poder asumir las elecciones presidenciales de 2018 con un discurso que quite a la oposición cualquier bandera de supuesta lucha anticorrupción.
El año 2018 no se presenta prometedor para el neoliberalismo en Latinoamérica
Pero todo esto trasciende con mucho a Venezuela. Si bien es cierto que desde el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras ha existido una cadena de derrotas para los liderazgos de izquierda antiimperialista, también lo es que solo en Argentina esa derrota ocurrió por vía electoral, mientras los procesos más radicalizados como Bolivia y Venezuela han logrado permanecer a pesar de la embestida mediática y guerra económica en su contra, porque -aunque con muchas limitaciones- se han empeñado en modificar en profundidad las estructuras sociales y económicas de la dominación capitalista.
La judicialización del ejercicio político contra líderes como Lula o Cristina, o las balas contra manifestantes que hemos visto llover recientemente en Buenos Aires y Tegucigalpa, así como la represión contra activistas sociales, y el papel en todas las estrategias de los medios de comunicación privados enseña el precio a pagar por dejar intacto en manos de la oligarquía el poder económico y mediático, creyendo que una vez retornados al único elemento de poder que habían perdido (el gobierno) iban a respetar las reglas del juego democrático.
Sólo en Venezuela, desde que inició la Revolución Bolivariana, el sector privado ha recibido alrededor de 340 mil millones de dólares a tasa preferencial para importar los bienes finales o insumos para la producción, lo que le permitió fortalecerse, fugar divisas y sabotear la economía nacional.
Lo sucedido en Ecuador, donde el liderazgo vencedor en unas apretadas elecciones se ha apartado del legado de la Revolución Ciudadana para comenzar a desmontarlo sin que quienes lo llevaron al poder -las bases y parlamentarios del movimiento Alianza País- puedan hacer otra cosa que denunciarlo, pone en discusión las limitaciones y el personalismo de los sistemas presidencialistas donde no se rinde cuentas a los electores ni hay posibilidad de revocación.
Con una consolidación de los gobiernos populares en Venezuela y Bolivia, el año 2018 no se presenta prometedor para el neoliberalismo en Latinoamérica, la posibilidad de un regreso al gobierno de Lula, con distancia el político más popular de Brasil, las posibilidades de triunfo que dan las encuestas a Andres Manuel López Obrador en México, un país con una profundísima crisis social, política y económica, y el efecto de un Donald Trump que es una máquina de fabricar antipatías hacia las políticas de Washington, podrían significar el inicio del fin de lo que Rafael Correa ha llamado la restauración conservadora, y entonces habría que ver si las izquierdas han sido capaces de aprender de sus derrotas.
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