Por Carlos E. Lippo:
"Yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo"
Jimmy Carter (1)
Tal como se señala en la exposición de motivos de nuestra actual constitución, se ha creado una nueva rama del Poder Público, el Poder Electoral, ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral (CNE), como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica.
Y es que tratando de adaptar a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador Simón Bolívar, esta constitución rompió con la clásica división de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), creando el Poder Electoral, inspirado en el proyecto de constitución que el Libertador redactase para la naciente república de Bolivia en 1826 y el Poder Ciudadano, que tiene su inspiración en el proyecto de constitución presentado al Congreso de Angostura de 1819, para la creación de ese gran sueño del inmortal Francisco de Miranda, hecho realidad por el Libertador, que fue la Gran Colombia.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento de sus funciones, ha diseñado un sistema de votación totalmente automatizado, con identificación biométrica del elector a través de su huella digital, para garantizar así el principio de “1 elector – 1 voto” y con emisión de un comprobante físico del voto electrónico que permite auditar cada proceso a posteriori; siendo necesario señalar además que el correcto funcionamiento de las máquinas de votación y de las programaciones (hardware y software) está garantizado por una cantidad importante de auditorías previas y posteriores al acto comicial, realizadas en presencia de los representantes de todas las organizaciones políticas participantes y de los veedores internacionales acreditados.
La pulcritud de este sistema ha sido reconocida por todos los grupos de veedores internacionales (acompañantes, según su denominación legal), que han actuado en todos los procesos desde que éste fue puesto en funcionamiento en el referendo revocatorio del mandato del Presidente Chávez, que resultó ser reafirmatorio, en agosto de 2004. También ha sido reconocida por alguien tan insospechable de tener simpatías y mucho menos coincidencias con la revolución bolivariana, como lo es el expresidente Jimmy Carter, presidente del Centro que lleva su nombre, quien en su discurso en la reunión anual de esa institución celebrada en el 2012 señaló textualmente: "De hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo"(1); complementando ese señalamiento tan categórico con la afirmación de que la mayor ventaja del sistema venezolano es el hecho de que sea totalmente automático, lo que facilita la verificación de los resultados de las elecciones.
En contraste con lo anterior, existe un país que aunque se precia de ser excepcional y de estar al frente de todas las innovaciones sociales, económicas, políticas, científicas, tecnológicas y militares del mundo actual, mantiene aún un arcaico sistema de elección presidencial de segundo grado que data de finales del siglo XVIII, con base en el cual es actualmente presidido por alguien que no fue el más favorecido por el voto popular en sus pasadas elecciones, algo que no es nada extraordinario puesto que ya había ocurrido en cinco oportunidades anteriores (2). Como habrán de saber los lectores, se trata de los mismísimos Estados Unidos del norte de Norteamérica.
Sin embargo no es este anacronismo, que en fin de cuentas atañe sólo a los ciudadanos estadounidenses, lo más deleznable del imperio en materia electoral sino su desmesurado afán de inmiscuirse en cuantas elecciones presidenciales se realizan en el planeta; tal como lo hicieron en Corea, en 1948, organizando unas elecciones con la ayuda del antiguo invasor japonés y bajo el manto tutelar de la absolutamente sumisa ONU de aquellos días, que lejos de reunificar el país profundizó su división (3), y también en el Vietnam, oponiéndose en 1955 a la celebración de unas elecciones propuestas para la reunificación de aquel país, porque daban por seguro que las habrían de ganar los vietnamitas del norte (4). Siendo oportuno recordar que tan funestas acciones de injerencia causaron una cruenta guerra de veinte años en el Vietnam y otra que aún no ha terminado, después de 70 años, en el caso de Corea.
Agotaría todo el espacio que habitualmente dedico a estas notas si me pusiese a señalar el sinnúmero de intromisiones del imperio en diferentes procesos electorales a todo lo largo y ancho del planeta, por lo que pasaré a reseñar sólo las ocurridas en Venezuela desde que a comienzos de 1998 el Comandante Chávez se perfilase como seguro ganador de las presidenciales convocadas para finales de ese año.
En efecto, en 1998 cuando poco antes de la elección percibieron que el triunfo de Chávez era inevitable ordenaron a los dos grandes partidos del estatus por aquellos días (AD y Copey), que defenestraran a los candidatos por los cuales llevaban casi un año haciendo campaña, para apoyar la candidatura de su ungido, Enrique Salas Römer; a partir de esa fecha siempre han forzado la “unidad” en contra de Chávez y de Maduro, haciendo uso de los más variados especímenes: Francisco Arias Cárdenas, ex chavista por aquellos días, en las elecciones de 2000; Manuel Rosales, en el 2006; Henrique Capriles Radonsky en el 2012; y nuevamente Henrique Capriles, en las elecciones de 2013, sobrevenidas por la muerte de Chávez.
Sin embargo, no se ha limitado el imperio a intervenir en nuestras elecciones imponiendo los candidatos presidenciales que ha de financiar y tutelar, ni tampoco a intervenir sólo en las presidenciales, sino que se ha acostumbrado a utilizar las movilizaciones asociadas a las Maniobras Navales UNITAS, ejecutadas muy cerca de nuestras costas, como elemento de presión y para garantizar una rápida intervención en caso de que la juzguen conveniente; tal es el caso de: UNITAS IV (presidenciales de 1963); UNITAS LIII (presidenciales de 2012); y UNITAS LVI (legislativas de 2015).
Su injerencia en las elecciones presidenciales de 2013 llegó al extremo de que al no reconocer los resultados oficiales que daban la victoria a Nicolás Maduro por el 1,8 % de los votos, financiaron y dirigieron unas protestas violentas instigadas por el candidato perdedor que trajeron como consecuencia más de una decena de víctimas mortales y medio centenar de heridos; siendo oportuno señalar que el imperio se quedó totalmente sólo a nivel internacional con este desconocimiento, ya que hasta el reino de España que es uno de sus aliados más incondicionales, reconoció oportunamente los resultados (5). A pesar de haberlo reconocido de hecho a partir de la reunión celebrada en la VII Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2015 en Panamá y de haberle enviado varias veces al subsecretario Shannon como mediador, la administración Obama nunca lo reconoció oficial y públicamente, y lo mismo se ha negado a hacer hasta ahora la administración Trump.
La variopinta oposición venezolana, acicateada por su victoria en las elecciones legislativas de 2015, durante todo el año 2016 estuvo intentando defenestrar al Presidente Maduro mediante un referéndum revocatorio que no lograron ni siquiera poder convocar gracias a la estulticia de sus dirigentes, así como también por medio de una caterva de procedimientos inconstitucionales entre los cuales estuvo presente desde el mes de octubre un extemporáneo adelanto de las elecciones presidenciales.
Durante la primera mitad del 2017 persistieron en el adelanto de las elecciones utilizándolo además como hipócrita pretexto para tratar de justificar sus cruentas acciones terroristas que estuvieron a punto de llevar el país al caos total y aún después de ser derrotados en ese intento, por medio de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, persistieron en solicitarlo incluyéndolo como un punto prioritario en la agenda del diálogo con el gobierno que se viene realizando bajo los auspicios del gobierno de la República Dominicana.
A todas luces el adelanto del proceso electoral presidencial para este 2018 había llegado a ser un importante punto de coincidencia entre los venezolanos, como lo sugieren los resultados del más reciente sondeo de opinión de Hinterlaces, una de las pocas empresas serias del país en este ramo, cuya muestra fue terminada de levantar una semana antes de la celebración de las elecciones para alcaldes y concejales, según los cuales el 72 % de los venezolanos estaría de acuerdo en adelantar las presidenciales entre febrero y marzo de 2018 y sólo un 26 % estaría en desacuerdo (6).
Es en el marco de las consideraciones anteriores y habida cuenta de que estamos ya en el tiempo constitucional establecido para ello, que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado miércoles 23, aprobó por votación unánime el ordenar al CNE la convocatoria a elecciones presidenciales para el período 2019-2025 en el lapso comprendido hasta el 30 de abril del presente año. Es importante señalar, como un indicador del delicado momento político que estamos viviendo, que Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, al hablar de las motivaciones que tuvo ese organismo para haber tomado tal decisión, argumentó lo siguiente: “… los venezolanos no queremos la guerra, no queremos una guerra civil, no queremos una intervención militar, defendemos la paz y la tranquilidad en sus expresiones económicas, políticas, sociales, culturales, eso es lo que queremos los venezolanos, y estamos en ese proceso, por eso hemos convocado al evento de la elección presidencial” (7), argumento que compartimos íntegramente.
Contrario a lo que en una sana lógica cabría esperarse, la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que llevaba ya más de 16 meses pidiendo a gritos las elecciones anticipadas, no sólo es que no ha recibido esta decisión con beneplácito, sino que hasta esta fecha no ha hecho pública ninguna posición oficial al respecto. Y por otra parte, de los partidos que conforman dicha coalición, unos han manifestado, aunque sin mayor entusiasmo, estar a favor de acordarse en un candidato único para poder participar mientras otros han rechazado de plano la convocatoria con las argumentaciones más estúpidas que se pueda uno imaginar.
Curiosamente, el mismo día 23 y mucho antes de que cualquier grupo opositor se pronunciase, el llamado “Grupo de Lima”, esa manga de gobiernos cipayos del continente que servilmente ejecuta el trabajo sucio ordenado por los gringos en nuestra contra, que hasta hace un par de meses clamaba histéricamente por elecciones anticipadas, se pronunciaba en contra de la decisión con el petulante discurso de quienes se sienten procónsules del imperio: "Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda" (8). ¡Qué riñones, al igual que los gringos no nos conocen, aunque tienen sobrados argumentos para conocernos!
Y al día siguiente, en clara demostración de que es el imperio el verdadero dueño de este funesto circo montado en contra de Venezuela, a través de su embajada en Caracas, emitía un grosero comunicado (9) en el cual terminaba señalando: “Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que cumpla los compromisos asumidos conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana (¿!). Apoyamos la declaración emitida el 23 de enero por el Grupo de Lima, en la cual se llama a impulsar un proceso democrático inclusivo y transparente”.
Resulta evidente que tan destemplada posición por parte del imperio y sus aliados regionales se basa en la certeza de que la revolución bolivariana emergería de ese proceso con una gran fortaleza gracias a una clamorosa victoria del presidente Maduro. También pone de manifiesto la contradicción existente entre el imperio y el sector opositor proclive a participar, contradicción que es necesario exacerbar por todos los medios a nuestro alcance, en beneficio de todos.
Constituyen pruebas inequívocas de que no pudiendo montar unas elecciones tuteladas en Venezuela, el imperio está decidido a impedir las ya convocadas, los siguientes hechos: la anunciada gira del secretario Tillerson por Méjico, Argentina, Perú y Colombia, próxima a ser iniciada, cuyo propósito no declarado es atar indisolublemente al dispositivo militar invasor a los gobiernos cipayos de estos países y a otros del Grupo de Lima; unas desesperadas e inconexas declaraciones de Mike Pence, el número dos del imperio, en las que al mismo tiempo que rechaza la convocatoria a elecciones acusa al gobierno venezolano de no llamar a elecciones (10); y más recientemente, un irrespetuoso pronunciamiento difundido el día 30 a través de la cuenta oficial de la embajada gringa (11), @usembassyve, señalando que: “El gobierno de los EE.UU. cree en un diálogo genuino y espera que el régimen de Maduro tenga el coraje de reformar el CNE y permitir la participación de la MUD en elecciones presidenciales efectuadas a partir de una fecha acordada por ambas partes”.
Aunque es harto conocida nuestra posición de abogar por la realización de unas elecciones con un formato diferente al de la “democracia burguesa”, por razones más que obvias, queremos dejar sentada nuestra plena conformidad con la convocatoria a estas elecciones anticipadas aunque se siga usando el mismo formato que tanto hemos cuestionado; sólo nos quedaría señalar que consideramos que la fecha de su celebración debería ser la más próxima técnicamente posible, dentro del lapso ordenado por la ANC.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario