Por: Agencia Venezolana de Noticias
Caracas, abril 17 - La prosecusión del antejuicio de mérito contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobado por la mayoría simple de la Asamblea Nacional (AN) en desacato del ordenamiento jurídico, es inviable y constituye un acto de complicidad que pretende convalidar las maniobras ilegales ejecutadas por un grupo de abogados prófugos de la justicia contra la institucionalidad de Venezuela.
En entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Durga Ochoa, directora del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas, apuntó que la pretendida medida busca "desestabilizar y deslegitimar las instituciones, los Poderes Públicos y las condiciones propias de las personas que constitucionalmente fueron electas para tales fines".
Explicó que la autorización del antejuicio de mérito, aprobada este martes 17 de abril, carece de factibilidad al ser impulsado por una "agrupación constituida de forma paralela" que incurre en la usurpación de funciones naturales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por el magistrado Máikel Moreno.
"Nosotros tenemos un orden interno, donde se estipula que toda situación que se relacione con los venezolanos y las venezolanas debe ser conocida por ese orden interno con el respeto absoluto del Estado de Derecho. Ninguna agrupación que esté fuera de la normativa legal y constitucional existente, tiene legitimidad", resaltó.
En opinión del Fiscal General, Tarek William Saab, la promoción del antejuicio de mérito contra el jefe de Estado constituye un “show” de quienes, sesionando “delictivamente”, ejercen acciones contra la democracia venezolana.
“El acto bufo e inmoral de unos ciudadanos y ciudadanas prófugos de la justicia que usurpan funciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dadas a mi persona como fiscal general y al TSJ, son nulas”, puntualizó Saab en su cuenta de Twitter.
Situación similar ocurre con la AN, institución que, al encontrarse en desacato, no cuenta con la legitimidad para autorizar la continuidad del proceso iniciado por la exfiscal de la República y, actual, prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz.
Tal actuación fue calificada como “una falta de coherencia política” por parte del presidente del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), Eduardo Fernández, quien recordó las decisiones previas aprobadas por la derecha parlamentaria contra el presidente Nicolás Maduro.
"La Asamblea Nacional declaró hace más de un año que Maduro había dejado de ser presidente y había abandonado el cargo. Entonces, si declaró que Maduro había dejado de ser Presidente por abandono de cargo no entiendo cómo ahora van a enjuiciar al Presidente si ustedes dijeron que ese no era más presidente", destacó en entrevista ofrecida a Venevisión.
Bajo este escenario, Durga Ochoa aseveró que no se "puede permitir que se continúe socavando el ordenamiento jurídico existente” con acciones que buscan profundizar la construcción de falsos positivos y matrices negativas contra el Ejecutivo, así como el incremento de la presión internacional para justificar la injerencia y “la desvirtuación del proceso de elecciones que celebraremos el 20 de mayo”.
"Están tratando de generar matrices de opinión a través de los medios de comunicación, sobre todo internacionales, para tergiversar la situación que vive Venezuela. En la medida que nos acerquemos a las elecciones, tratarán de arreciar las acciones para que este evento no se dé", alertó.
En entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Durga Ochoa, directora del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas, apuntó que la pretendida medida busca "desestabilizar y deslegitimar las instituciones, los Poderes Públicos y las condiciones propias de las personas que constitucionalmente fueron electas para tales fines".
Explicó que la autorización del antejuicio de mérito, aprobada este martes 17 de abril, carece de factibilidad al ser impulsado por una "agrupación constituida de forma paralela" que incurre en la usurpación de funciones naturales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por el magistrado Máikel Moreno.
"Nosotros tenemos un orden interno, donde se estipula que toda situación que se relacione con los venezolanos y las venezolanas debe ser conocida por ese orden interno con el respeto absoluto del Estado de Derecho. Ninguna agrupación que esté fuera de la normativa legal y constitucional existente, tiene legitimidad", resaltó.
En opinión del Fiscal General, Tarek William Saab, la promoción del antejuicio de mérito contra el jefe de Estado constituye un “show” de quienes, sesionando “delictivamente”, ejercen acciones contra la democracia venezolana.
“El acto bufo e inmoral de unos ciudadanos y ciudadanas prófugos de la justicia que usurpan funciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dadas a mi persona como fiscal general y al TSJ, son nulas”, puntualizó Saab en su cuenta de Twitter.
Situación similar ocurre con la AN, institución que, al encontrarse en desacato, no cuenta con la legitimidad para autorizar la continuidad del proceso iniciado por la exfiscal de la República y, actual, prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz.
Tal actuación fue calificada como “una falta de coherencia política” por parte del presidente del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), Eduardo Fernández, quien recordó las decisiones previas aprobadas por la derecha parlamentaria contra el presidente Nicolás Maduro.
"La Asamblea Nacional declaró hace más de un año que Maduro había dejado de ser presidente y había abandonado el cargo. Entonces, si declaró que Maduro había dejado de ser Presidente por abandono de cargo no entiendo cómo ahora van a enjuiciar al Presidente si ustedes dijeron que ese no era más presidente", destacó en entrevista ofrecida a Venevisión.
Bajo este escenario, Durga Ochoa aseveró que no se "puede permitir que se continúe socavando el ordenamiento jurídico existente” con acciones que buscan profundizar la construcción de falsos positivos y matrices negativas contra el Ejecutivo, así como el incremento de la presión internacional para justificar la injerencia y “la desvirtuación del proceso de elecciones que celebraremos el 20 de mayo”.
"Están tratando de generar matrices de opinión a través de los medios de comunicación, sobre todo internacionales, para tergiversar la situación que vive Venezuela. En la medida que nos acerquemos a las elecciones, tratarán de arreciar las acciones para que este evento no se dé", alertó.
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