Más de 75 representantes de movimientos sociales de Colombia denunciaron en el Parlamento Europeo de Bruselas, en Bélgica, que el Gobierno de Iván Duque no cumple con el Acuerdo de Paz establecido en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La Defensora de Derechos Humanos y la Paz de Colombia, Diana Sánchez, precisó que la reunión de este viernes tuvo como finalidad solicitar apoyo al Parlamento Europeo “con declaraciones sobre la situación crítica de los derechos humanos en Colombia”, expuestos en el documento para “generar una agenda de acciones en Europa”.Este viernes, y durante un encuentro internacional realizado en la capital belga, las organizaciones colombianas presentaron la "grave situación de derechos humanos", de su país, a través de un comunicado titulado “La paz en Colombia está en peligro".
Los movimientos sociales, provenientes de Europa y Colombia, debatieron las “estrategias de incidencia institucional para poder rescatar los progresos en construcción de paz que ha hecho la sociedad civil colombiana", comunicó uno de los voceros de la Oficina Internacional de los Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO), Jorge Gómez.
Asimismo, denunciaron que el Gobierno del presidente Iván Duque desaceleró la implementación del Acuerdo de Paz y aseguraron que su errónea puesta en marcha se encuentra “poniendo en riesgo a las personas defensoras y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra una débil o nula presencia del Estado”.
En el documento "La paz en Colombia está en peligro", se acusa a Duque de criminalizar “la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social”, en referencia a la persecusión y represión de campesinos e indígenas en el Cauca, suroccidente del país, que han intensificado sus protestas desde el 10 de marzo.
El texto detalla parte de la violencia que vive el pueblo colombiano con estadísticas develadoras, como los 172 líderes sociales asesinados en el país durante 2018.
El acto se da en el marco de la llegada de los colombianos al país europeo con el objetivo de hacer entrega a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, de una carta con acusaciones respaldadas de violación a los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Duque.
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