Por: Julio Mosquera
La desregulación ha sido una de las características esenciales de la
política en educación universitaria en tiempos de la Revolución
Bolivariana. Sí, aunque usted no lo crea, en el campo de las
universidades nacionales, intervenidas o con autoridades electas, ha
predominado uno de los principios más caros del neoliberalismo. Pero eso
no es todo, hay una noticia peor. Las consecuencias de esa política han
sido desastrosas para las instituciones universitarias. Parte del
futuro de la nación está en peligro de desaparecer ante la mirada
impávida del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, la Ciencia y la Tecnología.
Tenemos por un lado un grupo de universidades intervenidas por más de una década, con autoridades designadas por el ministerio con competencia en educación universitaria, sin que se haya realizado ni las más mínima evaluación de esa política. En la mayoría de esas universidades las autoridades se han mantenido en sus cargos por muchos años sin control ni supervisión. Reciben ordenes por aquí por allá, un día una cosa y otro día otra, mientras satisfagan las exigencias del ministro de turno, mientras mantengan la institución en "paz", sin importar la calidad, el rigor de las actividades educativas que en ellas se realicen, se mantendrán en sus cargos. No se ha realizado ni una evaluación del trabajo que realizan nuestras universidades intervenidas y cuán beneficiosa ha sido dicha intervención.
Tenemos por otro lado un grupo de universidades donde la Sala Electoral del TSJ ha suspendido las elecciones de autoridades. No se ha planteado ninguna alternativa, ni desde el Poder Judicial ni desde el Poder Ejecutivo que permita avanzar en materia de elecciones. En esas universidades se han prorrogado los mandatos de las autoridades, algunas ya llevan tres períodos en sus cargos. Tampoco son sometidas a evaluación esas universidades. En nombre de una autonomía mal entendida, las autoridades de esas universidades andan de su cuenta. Los funcionarios de la OPSU y del MPPEUCT se hacen la vista gorda y practican el "dejar hacer". Ellos tampoco quieren problemas con el ministro de turno, recordemos que la orden es evitar conflictos con las universidades.
Una norma reina en ambos grupos de universidades, la norma de cada quien hace lo que le viene en gana. Los mecanismos de control no se aplican. Cada quien anda en lo suyo.
En ese contexto de desregulación, de "dejar hacer", las hordas de la derecha están aprovechando para desmantelar la universidad pública. Un caso que conozco de cerca es el de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Esta universidad está siendo sometido a un intenso ataque de parte de las hordas opositoras internas que controlan la universidad y sus cómplices externos. Unidos por un doble propósito, enriquecerse con lo bienes de la universidad (financieros y materiales) y desmantelar la universidad, prepararla para la privatización. La UNA cuenta con una infraestructura (física y tecnológica) extendida por todo el país, por ejemplo: un centro local en cada capital de estado, la cual está en franco proceso de deterioro. Argumentan las autoridades que por deficiencias en el presupuesto no se puede garantizar el mantenimiento de esas instalaciones. En paralelo estamos experimentando un saqueo sistemático de las instalaciones. En la UNA forman parte de la rutina el robo, hurto, etc. de aires acondiciones, computadoras, mobiliario y más. Numerosas son las denuncias de robo de propiedad de la universidad a lo largo y ancho del país. Otros bienes han sido destruidos por negligencia o por la violencia opositora. Por ejemplo, un autobus de la UNA fue incendiado por hordas de derecha durante las guarimbas en las instalaciones de la UPEL en Maracay.
En resumen, las hordas opositoras, consciente o inconscientemente, están desmantelando la universidad pública. Han logrado avances notables en esa dirección. Cada día que pasa, ese proceso sigue su curso, se empeora la situación de nuestras universidades públicas. Las están colocando en una posición que facilite su privatización.
Tenemos por un lado un grupo de universidades intervenidas por más de una década, con autoridades designadas por el ministerio con competencia en educación universitaria, sin que se haya realizado ni las más mínima evaluación de esa política. En la mayoría de esas universidades las autoridades se han mantenido en sus cargos por muchos años sin control ni supervisión. Reciben ordenes por aquí por allá, un día una cosa y otro día otra, mientras satisfagan las exigencias del ministro de turno, mientras mantengan la institución en "paz", sin importar la calidad, el rigor de las actividades educativas que en ellas se realicen, se mantendrán en sus cargos. No se ha realizado ni una evaluación del trabajo que realizan nuestras universidades intervenidas y cuán beneficiosa ha sido dicha intervención.
Tenemos por otro lado un grupo de universidades donde la Sala Electoral del TSJ ha suspendido las elecciones de autoridades. No se ha planteado ninguna alternativa, ni desde el Poder Judicial ni desde el Poder Ejecutivo que permita avanzar en materia de elecciones. En esas universidades se han prorrogado los mandatos de las autoridades, algunas ya llevan tres períodos en sus cargos. Tampoco son sometidas a evaluación esas universidades. En nombre de una autonomía mal entendida, las autoridades de esas universidades andan de su cuenta. Los funcionarios de la OPSU y del MPPEUCT se hacen la vista gorda y practican el "dejar hacer". Ellos tampoco quieren problemas con el ministro de turno, recordemos que la orden es evitar conflictos con las universidades.
Una norma reina en ambos grupos de universidades, la norma de cada quien hace lo que le viene en gana. Los mecanismos de control no se aplican. Cada quien anda en lo suyo.
En ese contexto de desregulación, de "dejar hacer", las hordas de la derecha están aprovechando para desmantelar la universidad pública. Un caso que conozco de cerca es el de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Esta universidad está siendo sometido a un intenso ataque de parte de las hordas opositoras internas que controlan la universidad y sus cómplices externos. Unidos por un doble propósito, enriquecerse con lo bienes de la universidad (financieros y materiales) y desmantelar la universidad, prepararla para la privatización. La UNA cuenta con una infraestructura (física y tecnológica) extendida por todo el país, por ejemplo: un centro local en cada capital de estado, la cual está en franco proceso de deterioro. Argumentan las autoridades que por deficiencias en el presupuesto no se puede garantizar el mantenimiento de esas instalaciones. En paralelo estamos experimentando un saqueo sistemático de las instalaciones. En la UNA forman parte de la rutina el robo, hurto, etc. de aires acondiciones, computadoras, mobiliario y más. Numerosas son las denuncias de robo de propiedad de la universidad a lo largo y ancho del país. Otros bienes han sido destruidos por negligencia o por la violencia opositora. Por ejemplo, un autobus de la UNA fue incendiado por hordas de derecha durante las guarimbas en las instalaciones de la UPEL en Maracay.
En resumen, las hordas opositoras, consciente o inconscientemente, están desmantelando la universidad pública. Han logrado avances notables en esa dirección. Cada día que pasa, ese proceso sigue su curso, se empeora la situación de nuestras universidades públicas. Las están colocando en una posición que facilite su privatización.
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