Las Fuerzas de Acciones Especiales han desmantelado el plan de sicariato político "Operación Caín", que apuntaba a exterminar líderes del chavismo en un momento donde el Estado profundiza las investigaciones en torno al magnicidio frustrado del Presidente de la República Bolivariana.
La operación fue detectada cuando, en medio de una actividad política del Consejo Legislativo del estado Táchira y en apoyo a Nicolás Maduro, fue detenido José Luis Daza Cepeda por el equipo de seguridad de Freddy Bernal. Daza declaró estar vinculado a John Luna, diputado que tenía en su vehículo material con relación a la ubicación y desplazamiento de Bernal, coordinador nacional de los CLAP.
Mapas satelitales y rutas de tránsito del líder chavista fueron incautados, además de información extraída del celular de José Daza que lo relaciona con agentes determinantes de las mafias de contrabando de gasolina, alimentos y droga de la región fronteriza. Es el caso de Juan D'Aveta Chacón y Branford Franceshine, que estarían involucrados en el financiamiento del plan para asesinar a Bernal y a otros altos dirigentes políticos.
Según el testimonio ofrecido por el detenido, la "Operación Caín" se desarrollaría en dos fases: la primera tendría como teatro de operaciones al estado Táchira y buscaría acabar con la vida de figuras que han logrado la contención de la penetración del paramilitarismo en la zona: Freddy Bernal, que recientemente fue nombrado Protector del estado Táchira; la Ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; las autoridades militares Manuel Bernal, jefe de la REDI de Los Andes, y José Noroño Torre, jefe de la ZODI de Táchira.
Una segunda fase se amplificaría con relación a actores políticos centrales, los líderes del PSUV: Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez.
En un documento elaborado por la Policía Nacional Bolivariana, se determinó la complicidad de dos integrantes de la Policía del Táchira, Jhonny Molina y José Vivas, ambos oficiales, que colaboraron en la investigación clandestina para obtener información clasificada sobre las FAES con respecto a la extracción y contrabando del papel moneda y la ubicación de la residencia de Bernal.
Rasgos fundamentales de los financistas locales
Se sabe que la criminalidad económica que domina lo zona limítrofe de Táchira con el departamento de Santander ha robustecido los canales de contrabando de extracción estos últimos cinco años, gracias a las políticas legales que ha impulsado el Estado colombiano, favoreciendo estas prácticas.
En ese sentido, la clase comerciante y empresarial que dirige las mafias de contrabando ven una amenaza seria en los anuncios hechos por el Gobierno venezolano sobre las medidas con respecto a la distribución y subsidio de la gasolina en el país.
Por eso salen a relucir nombres como el de Juan D'Aveta, empresario venezolano establecido en la ciudad de San Cristóbal y dueño de la distribuidora de alimentos Canarias.
D'Aveta fue puesto en prisión preventiva en el año 2009 luego de hallarle en su vehículo 150 mil dólares en efectivo, una tonelada de alimentos y armas de fuego, mientras se dirigía a la frontera con Colombia
A este bachaquero mayorista le fueron comisados, en 2017, 25 toneladas de alimentos en su comercio ubicado en La Concordia, San Cristóbal, durante un operativo realizado por la Sundde, el gobierno regional y la ZODI Táchira.
La participación de emprendedores de la paraeconomía cucuteña en acciones terroristas dentro del territorio venezolano, celaje local de gestos del narcotráfico, se entiende como una respuesta a la contraofensiva que instituciones y autoridades nacionales han emprendido para contrarrestar los efectos en la normalidad económica y social del país, reforzada justamente en el eje andino luego de los daños cometidos en las guarimbas de 2017.
Coincidencias con la banda Los Rastrojos
Cada uno de los objetivos fichados en la primera fase de la fallida operación forma parte de la estructura de seguridad nacional que ha reducido la filtración del paramilitarismo, brazo ejecutor de los intereses transnacionales obedecidos por el gobierno de turno colombiano.
Es a través de las Fuerzas de Acciones Especiales que se han hecho operativos para situar y detener grupos irregulares en la zona del Táchira, destacando las recurrentes confrontaciones con la célula paramilitar Los Rastrojos, quienes aumentaron su presencia en la región fronteriza.
Esta banda criminal protagonizó, en 2017, las agresiones necesarias para mediatizar el falso relato de un ataque de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia el ejército colombiano, con miras a desprestigiarlas y justificar un conflicto armado, mientras se suprimen las pruebas del fortalecimiento paramilitar en la periferia del país. También tuvo presencia en la revolución de colores del año pasado en esa zona.
Las zancadas de estos poderes fácticos van por emplear pequeños células mercenarias privadas para ejecutar las acciones de la nueva etapa del conflicto. De consulta permanente, habrá que estar con el extenso historial de experiencias recogidas en sus, para nada tímidas, incursiones terroristas anteriores.
Eliécer Otaiza y Robert Serra son los ensayos a los que acuden operadores intelectuales de la multidimensional guerra contra Venezuela, para imponerle condiciones al Estado mediante sanciones económicas y acoso internacional; no ha rendido frutos. Apremiante es la recomendación del presidente Nicolás Maduro al Estado Mayor para crear un cuerpo de protección especializado contra el terrorismo proveniente de Colombia.
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